El 18 de marzo, miles de venezolanos se congregaron en las calles de Caracas para manifestarse en contra de la detención y deportación indebidas de sus compatriotas a El Salvador por parte de Estados Unidos.
Las familias de migrantes detenidxs expresaron su rechazo a los esfuerzos de la administración Trump por criminalizar a sus seres queridos al asociarles con organizaciones criminales, lo que contradice la narrativa oficial de la Casa Blanca.
“Lo arrestaron el 14 de febrero únicamente por tener tatuajes, alegando que pertenecía al Tren de Aragua. No posee antecedentes penales y se encuentra recluido en aislamiento tras ser diagnosticado con tuberculosis. Exijo justicia y pido al gobierno que nos brinde ayuda”, declaró José Medina, padre de Edgardo José Medina, unx de lxs venezolanxs deportadxs.
El gobierno de Nicolás Maduro respondió con firmeza a la orden ejecutiva emitida por la administración Trump, que precedió la intensificación de medidas contra los migrantes venezolanos, y se comprometió a gestionar su repatriación a Venezuela.
“Esto es una agresión contra todo el pueblo venezolano, ya que nuestrxs migrantes no son terroristas”, afirmó Maduro. “Venezuela está preparada para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos contra lxs dignxs trabajadorxs migrantes en los Estados Unidos”.
Para acelerar las deportaciones, Washington recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde el siglo XVIII, para expulsar de manera forzada a 238 migrantes venezolanxs hacia El Salvador, proceso que facilitó mediante un acuerdo previo firmado con el gobierno de Nayib Bukele. La ley permite la deportación de cualquier venezolanx mayor de 14 años que sea identificadx como integrante de una organización criminal. Además, The New York Times informó que abogadxs de la administración Trump sostienen que dicha ley también autoriza a agentes federales a ingresar a domicilios sin orden judicial.
Ante la negativa de Caracas a recibir vuelos tras la reciente escalada de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, Washington optó por enviar a lxs migrantes venezolanxs a terceros países. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió que impondría “nuevas sanciones severas y crecientes” contra el país caribeño si Caracas no reanudaba la recepción de vuelos.
Durante los procedimientos judiciales, la administración Trump reconoció que no dispone de un conteo preciso de las personas expulsadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, muchas de las cuales carecen de antecedentes penales en Estados Unidos.
En una declaración ante los tribunales, Robert Cerna, director interino de Operaciones de Ejecución y Remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), afirmó que la agencia “verificó cuidadosamente a cada extranjerx para confirmar que, efectivamente, eran miembros” del Tren de Aragua. Cerna rechazó las acusaciones de que ICE se basara en publicaciones en redes sociales, tatuajes o imágenes de venezolanxs mostrando gestos vinculados a pandillas. Sin embargo, estas declaraciones difieren de lo reportado por familiares y abogadxs de lxs deportadxs.
“Lo detuvieron en una redada de ICE y, por tener tatuajes, lo retuvieron en un centro de detención en el Valle de Texas”, comentó María José Flores durante la movilización del martes, al referirse a su hermano, unx de los trasladados a El Salvador.
Varias familias hicieron un llamado a Bukele, cuyo gobierno recibe pagos de EE. UU. para retener a los migrantes, para que liberara a sus familiares encarcelados.
Al llegar a El Salvador, las autoridades difundieron un video en el que se muestra a lxs migrantes expulsados siendo sometidxs a tratos severos. La organización salvadoreña de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario informa que más de 300 personas han muerto en las cárceles que ahora albergan a estxs venezolanxs.
Venezuela exigió la repatriación inmediata de más de 200 migrantes deportadxs por Estados Unidos a El Salvador y alegó que se les negó el debido proceso y fueron injustamente catalogados como miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Maduro anunció el miércoles pasado que se reanudarían los vuelos de repatriación a Venezuela y confirmó la llegada de aproximadamente 300 migrantes venezolanxs en un vuelo procedente de México el jueves por la mañana. Este hecho marcó el cuarto vuelo de retorno de ciudadanxs venezolanxs desde febrero.
Además, el gobierno de Maduro también inició una campaña de recolección de firmas a nivel nacional para expresar su apoyo a los derechos humanos de lxs migrantes. Según las autoridades venezolanas, las firmas recolectadas respaldarán la posición del país ante organismos multilaterales.
La medida de expulsar a lxs migrantes a El Salvador también ha generado una fuerte reacción dentro de Estados Unidos. El juez federal James Boasberg impuso una orden de restricción temporal de 14 días para analizar la legalidad de la acción, aunque no impidió que EE. UU. enviara el primer grupo a El Salvador, lo que se interpretó como una violación manifiesta de su fallo.
Foto: Wilmer Errades, Últimas Noticias via Venezuelanalysis.
