Satnam Singh, un trabajador agrícola punjabi, sufrió heridas graves en un accidente en una granja italiana, y luego su jefe lo dejó morir. El espeluznante caso demostró cómo la agricultura italiana trata la vida de lxs trabajadorxs inmigrantes como mercancía barata.

El 19 de junio fue un día de luto cuando la agromafia de Italia se cobró su última víctima. Satnam Singh, de 31 años, murió en un hospital romano dos días después de que perdiera un brazo y se le fracturaran las piernas en un trágico accidente. Trabajaba manejando una máquina agrícola en una granja cerca de Latina, una provincia rural a unos 80 kilómetros al sur de Roma donde las redes criminales explotan sistemáticamente el trabajo de miles de inmigrantes de Punjab, India. Él y su esposa Sony trabajaban sin contrato desde el 2021 plantando melones por solo 4 € la  hora. Las acciones posteriores de su jefe ayudaron a garantizar que cuando Satnam resultó herido, no recibiera atención médica.

En el momento del accidente, Satnam llevaba trabajando 12 horas. Cuando la máquina mutiló su cuerpo, el padrone italiano (literalmente "dueño," como a lxs empleadorxs de la zona les gusta que les llamen, un término reminiscente de la dependencia feudal) impidió a  todxs en la granja llamar a una ambulancia y confiscó sus teléfonos. En lugar de ello, el jefe llevó en su furgoneta durante kilómetros a Satnam, que estaba inconsciente, y a su esposa, que lloraba desesperadamente, los arrojó en la parte trasera de su casa junto con los trozos del brazo amputado de Satnam en una caja de fruta y se escapó —en lugar de llevarlos inmediatamente al hospital.  Si los hubiese llevado a urgencias, lo que podría haber salvado la vida de Satnam, el jefe hubiera tenido que afrontar las consecuencias legales de emplear a trabajadorxs sin contrato y sin medidas de seguridad.

La inhumanidad de sus acciones provocó un horror generalizado. Volvió el debate público sobre la cuestión del caporalato (contratación ilegal), una práctica que afecta a casi todxs lxs trabajadorxs inmigrantes en la agricultura italiana y que ha sido bien documentado durante muchos años por investigadorxs y activistas en Latina y otros lugares. El actual discurso centrado en "combatir la invasión del caporalato" promovido por políticxs de los gobiernos actuales y pasado fue reiterado durante las huelgas organizadas por la Confederación General Italiana del Trabajo, la Confederación Italiana de Sindicatos y el Sindicato Italiano del Trabajo en Latina durante la última semana en apoyo a Satnam Singh y a todos lxs trabajadorxs explotadxs. La alcaldesa de Latina, miembro del partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, fue invitada a hablar en el escenario en ambas manifestaciones e insistió en que el "caporalato es una forma de esclavitud que no pertenece a nuestra cultura, nuestra ciudad y nuestra nación y, como tal, debe erradicarse". Volvió a utilizar el conocido argumento defensivo de que lxs italianxs son gente valiente, "buena gente".

Pero el énfasis exclusivo en el caporalato puede ser engañoso. Se sugiere erróneamente que el problema de la explotación laboral afecta solo a inmigrantes indocumentadxs y es principalmente obra de unxs pocxs empleadorxs malvadxs y sus codiciosos e implacables intermediarixs, o "caporali", quienes a menudo pertenecen al mismo grupo étnico que lxs inmigrantes. Sin embargo, hay una historia más compleja que se esconde detrás del tema del caporalato en el mercado laboral italiano. Es un problema de todo el marco legal, político y cultural, lo que hace que recurrir a caporali sea casi una elección inevitable tanto para empleadorxs como para inmigrantes.

Vulnerabilidad, división y explotación de la mano de obra migrante

En Italia, una política de inmigración cada vez más selectiva, alimentada por la propaganda política sobre la "sustitución étnica" y el miedo a lxs extranjerxs, exige lo imposible a lxs inmigrantes no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que buscan trabajar y establecerse en el país. Tales demandas no detienen realmente la migración, sino que mantienen vulnerables y explotables a quienes llegan y se quedan en Italia, otorgando un poder desproporcionado a lxs empleadorxs e intermediarixs. Estxs últimxs han aprendido a aprovechar las brechas de la legislación italiana en su propio beneficio, desarrollando un negocio que prospera en la explotación y el fraude flagrante de miles de hombres y mujeres de Punjab y más allá.

Para empezar, el estado italiano requiere que lxs futurxs trabajadorxs inmigrantes estén patrocinadxs por unx empleadorx. Al llegar, se vincula su obtención de un permiso de residencia (y, con ello, su estatus legal) a la estipulación de un contrato de trabajo formal con unx empleadorx patrocinadorx. Lxs solicitantes pagan una tarifa inicial que va desde 10,000 € hasta 20.000 € a lxs caporali que organizan el acuerdo y comparten el dinero con lxs empleadorxs locales.

Lxs inmigrantes ven a lxs caporali como facilitadorxs y ayudantes y no como traficantes, tal y como demuestra la palabra neutral "agente" que se usa para referirse a ellxs. Estxs “agentes” son vistos como proveedores de un servicio cuyo precio, al igual que el de cualquier otro servicio, depende de las leyes de la oferta y demanda. Por lo tanto, esto también varía con el tiempo: si hace 15 años, 5.000 € eran suficientes para llegar al sur de Europa (lo que hacía que Italia, España, Portugal y Grecia fueran accesibles también para lxs punjabies más pobres y con menor educación que trabajaban aquí principalmente como obrerxs no calificadxs, a diferencia de Estados Unidos y Reino Unido), ahora la tarifa se ha triplicado como mínimo. Dado que las condiciones socioeconómicas en Punjab siguen empeorando, el deseo de emigrar sigue creciendo a pesar de los altos costos, incluso si esto significa pedir préstamos o vender activos para ponerse en movimiento. Esta deuda, a su vez, es una fuerte carga para lxs emigrantes, así como para sus familias que quedan atrás —poniendo en duda el celebrado papel de las remesas transnacionales para el desarrollo de las comunidades de origen de lxs emigrantes.

Una vez que lxs migrantes punjabies llegan a Italia, a menudo ocurre que el empleadorx patrocinadorx no emite el  prometido  contrato de trabajo, o se les reclama más dinero (generalmente entre 5.000 y 15.000 €) para cambiar la visa por un permiso de trabajo real. Si lxs inmigrantes no han logrado obtener un contrato regular  para cuando  expira la visa de trabajo de nueve meses, su estado se convierte automáticamente en "irregular" (lo que, según la Ley Bossi-Fini de 2002, es castigado como un delito penal y puede llevar a su expulsión del país). Entran en un limbo de dependencia absoluta y subordinación a sus explotadorxs. Agobiadxs con las deudas que contrajeron con prestamistas y bancos para pagar a lxs agentes y caporali, y sin medios legales para solicitar de forma independiente un permiso desde dentro del país, se ven obligadxs a aceptar cualquier condición para quedarse en Italia y pagar sus préstamos. Su vulnerabilidad, agravada por las barreras idiomáticas, su aislamiento en el campo, la falta de apoyo estatal para la integración, la ignorancia de sus derechos y una burocracia opaca, incomprensiblemente lenta y complicada les impide denunciar a sus explotadorxs por temor a represalias violentas, perder su única fuente de ingresos, enfrentar consecuencias legales o ser expulsados del país.

Por lo tanto, la posibilidad de que los padroni y caporali exploten y abusen de lxs trabajadorxs inmigrantes está implícita en la propia ley. Es respaldado de forma indirecta por campañas políticas y culturales dirigidas a la criminalización y securitización de la inmigración en lugar de la protección de los derechos humanos y laborales de lxs inmigrantes. Considerar al empleador de Satnam como un monstruo (aunque bien podría serlo) es una salida fácil: culpar a una manzana podrida siempre desvía la atención de las fuerzas estructurales que les permiten ejercer su poder en primer lugar.

La muerte de Satnam no es un accidente debido a la “distracción” de un trabajador mientras operaba una máquina o incluso la crueldad de su empleador. Es el resultado de un sistema legal, político y cultural que viola los derechos humanos fundamentales, obligando a lxs inmigrantes a trabajar en condiciones extremadamente explotadoras, reduciéndolxs a un recurso desechable que se extrae y se tira cuando se agota. En la Italia de hoy, existen fuerzas sistémicas que se entrelazan y que arraigan, mutilan y abusan de lxs trabajadorxs inmigrantes, dejándolos morir, como la máquina y su propietario hicieron con el cuerpo de Satnam.

Como investigadora doctoral estudiando la comunidad punjabi en la provincia de Latina, en los tres años previos al incidente he entrevistado a cientos de hombres y mujeres en la misma posición que Satnam y Sony: mal pagadxs, explotadxs, discriminadxs, e indocumentadxs. Les escuché contar sus historias de abuso, quejándose, pero también resignándose lo suficiente como para llamar a esta situación "normal".

Por esta razón, no es solo la profunda tristeza por la muerte de Satnam lo que me impulsa a escribir, sino también rabia, vergüenza y la necesidad de denunciar las innumerables injusticias que he observado. Es por Jagdish, de 36 años, quien se rompió el dedo en el trabajo y su jefe le dijo que mintiera en el hospital, diciendo que le sucedió en casa si quería recuperar su trabajo una vez que sanara. Es por Balvir, de 48 años, quien fue aplastado bajo una carga de patatas en el trabajo y abandonado por el dueño en casa a medianoche, momento en el que su esposa y su hija de 10 años lo llevaron al hospital, conduciendo por los oscuros campos Pontinos. Es por Pardeep, de 28 años, que, dejando a su esposa e hijos atrás, pagó 16.000 € para venir a Italia y ahora solo quiere regresar a la India lo antes posible, pues considera que "la gente aquí solo quiere aprovecharse de ti y quitarte tu dinero". Trabaja 10 horas al día cosechando sandías por 2 € la hora y ahora que su visa está por terminar, el empleador le exigió que pagara una tarifa de 5.000 € para emitirle un contrato de trabajo que lo regularizará. Es por Daljeet, de 45 años, quien se rompió la espalda trabajando en una plantación de champiñones hace 10 años y, después de atreverse a denunciarlo, todavía está esperando la compensación. Es por mi amigo Sandeep, de 25 años, quien trabaja 13 horas al día recogiendo calabacines, siendo la única persona en el equipo sin contrato, el que más trabaja, el más amable; y cuyo jefe ayer “bromeó” diciendo que, si resulta herido como Satnam, sus compañerxs lo tirarán al canal cercano. Pero esto no es una broma.

Explotadxs, mal pagadxs e indocumentadxs

En el último siglo, el Punjab se ha visto afectado por repetidas crisis económicas, políticas, ambientales y sociales tras la partición de la India después de la independencia y la liberalización de su economía, que han empujado a un número creciente de punjabies a emigrar. Según un estudio reciente de la Universidad Agrícola de Punjab, el 74 por ciento de la emigración desde Punjab entre 1990 y 2022 se produjo en los últimos seis años de ese periodo. En la actualidad, Punjab ocupa el segundo lugar entre los estados indios por su tasa de emigración. La provincia de Latina, al sur de Roma, es el centro neurálgico de la producción agrícola del centro-sur de Italia, y se convirtió en el destino más popular para lxs emigrantes punjabies (siete de los 1010 municipios italianos con mayor número de residentes indixs empadronadxs están en la provincia de Latina, según la agencia pública de estadística Istat).

El atractivo particular de Latina reside en su gran demanda de mano de obra en el sector agrícola y en la presencia de una comunidad punjabi establecida desde los años 80 Para maximizar los beneficios y mantener los costes de producción lo suficientemente bajos como para ser competitivo en el mercado de la UE, el próspero sector agroalimentario de la zona (como denunció por primera vez el sociólogo Marco Omizzolo, uno de sus primeros y más feroces críticos) se apoya en una red internacional de trata de seres humanos para disponer de una fuente renovable de mano de obra migrante estacional a la que explotar en los campos. En esta red participan empresarixs y profesionales italianxs, caporali e intermediarixs italianxs y extranjerxs y, en ocasiones, funcionarixs corruptos de instituciones públicas.

Muchxs trabajadorxs punjabies realizan trabajos manuales pesados, recogiendo y empaquetando frutas y verduras durante 12 o 14 horas diarias o más, seis o siete días a la semana, y sin ningún tipo de protección ni seguro. Por ello, reciben pagos muy por debajo del nivel de vida. Se les recluta a través de un grupo de WhatsApp mediante un mensaje enviado la noche anterior en el que se indica la hora y el lugar al que deben desplazarse a la mañana siguiente, y al que deben llegar recorriendo, en bicicleta, largas distancias por carreteras peligrosas. Quienes no tienen permiso de residencia, como Satnam y Sony, trabajan sin contrato. Quienes consiguen un contrato no suelen tenerlo más de unos meses, por lo que quedan expuestxs a las decisiones de lxs empresarixs. Estas condiciones les colocan en una situación de precariedad estructural: no sólo lxs empleadorxs pueden pagarles salarios más bajos y mantenerles subordinados bajo la amenaza de no expedirles un nuevo contrato—lo que pondría en peligro su residencia legal—, sino que el hecho de redactar únicamente contratos temporales y de corta duración exime a lxs empleadorxs de garantizar el acceso de lxs trabajadorxs a las prestaciones sociales, como las bajas por enfermedad o vacaciones remuneradas, que nunca ningunx de ellxs recibe. De hecho, muchxs ni siquiera saben que tienen derecho a cobrar cuando están enfermos o de vacaciones: cuando termina la temporada de recolección y expira su contrato, simplemente se les dice: "A partir de mañana, eres libre", una "libertad" que significa que no recibirán ni trabajo ni dinero.

En la nómina, las horas de trabajo registradas son siempre bastante inferiores a las realmente realizadas, de modo que el empresario puede ahorrarse impuestos mientras que lxs trabajadorxs obtienen menos cotizaciones para pensiones o subsidios de desempleo. La remuneración suele ser según el convenio, aunque los contratos indican formalmente un salario mensual acorde con el salario negociado en el CCNL (el Contrato Colectivo Nacional de Trabajo). Esta exigencia de producir más para ganar más se traduce a menudo en la explotación de lxs trabajadorxs, y a veces incluso en el consumo de drogas, como opiáceos y metanfetaminas (con la complicidad de médicxs y farmacias corruptos), para aliviar el dolor derivado del trabajo excesivo y empujar sus cuerpos más allá de los límites soportados.

Así es como se forma una reserva, cada vez mayor, de mano de obra migrante desechable y explotable. Lxs trabajadorxs se ven obligadxs a cumplir cualquier orden, sin importar cuan perjudicial es para ellxs y para los demás. Su disponibilidad constante anula los esfuerzos de otrxs trabajadorxs y sindicatos por negociar salarios más altos y mejores condiciones laborales, impidiéndoles unirse en la lucha por sus derechos. Este sistema capitalista extractivo tiene tal poder de división que la solidaridad se ve frustrada incluso entre trabajadorxs del mismo origen. Todos temen al de al lado y su supuesta "envidia": el otrx se convierte en unx competidorx, un enemigx, un obstáculo para su propia supervivencia. Resulta inquietante saber que lxs compañerxs de Satnam dudaron en testificar por miedo a perder sus propios puestos de trabajo. ¿Cuán desesperadxs deben estar para seguir queriendo este trabajo incluso ahora que saben que, si resultaran heridxs, se les dejaría morir desangradxs, para culparles después de su propia muerte?

Los suicidios de trabajadorxs agrícolas punjabies, agobiadxs por las deudas y la desesperación —como el tristemente célebre caso de Joban Singh, de 25  años, que se quitó la vida en 2020— señalan las devastadoras consecuencias de este sistema criminal de explotación y tráfico laboral. Ese suicidio, y la muerte de hoy, nos conciernen a todxs. Nos implica cuando consumimos acríticamente los alimentos baratos producidos mediante la explotación y el abuso sistémico de hombres y mujeres que permanecen invisibles y oprimidxs. Nos involucra en una Italia que sistemáticamente no protege a sus trabajadorxs más vulnerables de las múltiples fuerzas que los presionan, dividen y finalmente matan. Italia es un estado cuya constitución la proclama "república democrática fundada sobre el trabajo", pero que hace caso omiso de lxs mismxs trabajadorxs cuyos cuidados y cuya labor en los campos reproducen la vida misma.

Annamaria Laudini es antropóloga e investigadora doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. 

Foto: Jacobin