Desde el inicio del Proceso Bolivariano, el gobierno de Hugo Chávez implementó políticas para democratizar la producción de alimentos en Venezuela.
Desde la Ley de Tierras de 2001 hasta la nacionalización o creación de empresas como AgroPatria o Pedro Camejo (1), el objetivo era evitar que el sector estuviera sometido a los caprichos del mercado y apoyar la pequeña y mediana producción, especialmente de las organizaciones del poder popular.
Las herramientas que alguna vez apoyaron la producción campesina han desaparecido poco a poco. Las llamadas "alianzas estratégicas" han visto cómo las empresas que suministraban semillas y fertilizantes (AgroPatria) o tractores (Pedro Camejo) han sido transferidas al sector privado. Este nuevo esquema beneficia sobre todo a lxs grandes productorxs.
En casos como el del azúcar, los ingenios estatales han pasado igualmente a manos privadas, con consecuencias devastadoras para lxs cultivadorxs de caña.
El último golpe ha sido el decreto gubernamental que estipula que el diesel se venda a 50 centavos el litro, un precio que podría ser inaccesible para muchxs campesinxs. En medio de una grave escasez de combustible, el diesel había estado disponible mediante un plan de racionamiento o a través del mercado negro, pero poco a poco se ha generalizado la venta a precios "internacionales". El diesel es esencial para la agricultura, ya que sirve de combustible a los tractores para arar la tierra y a los camiones para transportar las cosechas.
"La escasez de combustible ha sido más dura para nosotrxs que la pandemia (de Covid-19)", dijo a Tatuy Tv Ricardo Miranda, del colectivo Pueblo a Pueblo.
Pueblo a Pueblo agrupa a unas 270 familias campesinas del centro-occidente del país. Su principal objetivo es vincularse directamente con las comunidades urbanas organizadas para distribuir alimentos a precios justos, sin intermediarios.
Aunque recientemente se ha "oficializado" el diesel a 50c/L, Miranda dijo que en estados como Trujillo las alternativas son comprarlo a contrabandistas a US $2 el litro o soportar colas que pueden durar semanas.
"Este precio repercute en todos los presupuestos y en los costos de transporte. Esto significará una mayor carga para el pueblo y otra fuente de inflación", afirmó el miembro de Pueblo a Pueblo, añadiendo que todo el combustible subsidiado que queda se ha dirigido a los productores a gran escala.
Andrés Alayo, portavoz de la Plataforma de Lucha Campesina, también afirmó que "los costos de producción están por las nubes" para lxs campesinxs en la actualidad.
"Entre el combustible dolarizado, los insumos y el arado muy caros, etc., lxs productorxs están en una situación muy delicada", resumió.
Por su parte, Miranda destacó que aún en condiciones difíciles, las familias campesinas siguen produciendo y aportando un gran porcentaje de los alimentos que se consumen. En su opinión, las circunstancias actuales han propiciado la expansión de las prácticas agroecológicas y las alianzas entre organizaciones de base. Actualmente, Pueblo a Pueblo tiene un programa con el Ministerio de Educación y colectivos urbanos para abastecer a unos 250 comedores escolares de todo el país.
Aun así, los obstáculos para la pequeña y mediana producción son sólo una parte del panorama. La otra cara de la moneda es un campo de juego cada vez más inclinado a favor de lxs grandes terratenientes y la agroindustria.
"El sector de mayor crecimiento en Venezuela en los últimos años ha sido la agroindustria", dijo Alayo a Tatuy Tv. Comienza a sentirse la creciente influencia de los grandes conglomerados.
En las últimas semanas se han producido varias protestas de productorxs de maíz que exigen al gobierno que regule los precios de la cosecha. Aunque algunas instituciones, entre ellas la Vicepresidencia, se comprometieron a atender las inquietudes, hasta el momento no ha habido respuesta.
Según el portavoz de la Plataforma de Lucha Campesina, hay una clara dinámica de "cártel" en juego. "Para las agroindustrias es muy barato importar maíz, y utilizan eso para fijar precios que son completamente imposibles de cumplir para la producción nacional". Alayo destacó que es prerrogativa del Estado "intervenir" y proteger su soberanía.
La Plataforma, que tuvo un papel clave en la Marcha Campesina Admirable de 2018, no descarta otra movilización masiva en defensa de los derechos campesinos en las próximas semanas.
Miranda expresó una opinión similar: "los monopolios presionan al Gobierno", que no solo no apoya a lxs campesinxs sino que deja que el mercado sea regido por sectores empresariales. "Es una perspectiva que ve a los alimentos como una mercancía que se está imponiendo cada vez más", concluyó.
Otra "amenaza" para lxs productorxs rurales ha sido la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Según Alayo, grupos de campesinxs de la región andina están dando la voz de alarma por un "dumping masivo" de productos colombianos, especialmente hortalizas.
"Si nuestrxs campesinxs terminan en la quiebra, la agroindustria colombiana se apoderará del mercado y subirá los precios", advirtió.
Por su parte, Miranda explicó que los productos colombianos han cruzado informalmente la frontera en los últimos años con sólo pagar "impuestos" encubiertos a lo que entonces era el "protectorado" designado por el gobierno en el estado Táchira (2). No obstante, cree que la regularización de los cruces entre fronteras y la imposición de aranceles aduaneros de importación y exportación a ambos lados acabarán mitigando el impacto de los alimentos procedentes del país vecino de Venezuela.
La papa es un alimento prioritario para Pueblo a Pueblo. "Colombia tiene acuerdos de libre comercio que vieron su mercado inundado por papas extranjeras (por ejemplo, papas fritas congeladas) que luego tuvieron consecuencias en este lado de la frontera", detalló, afirmando que las papas colombianas eran mucho más baratas que las venezolanas.
Las políticas aduaneras de Gustavo Petro y la reactivación de la producción venezolana tras la pandemia han permitido a Pueblo a Pueblo volver a poner en marcha su programa "papas para la vida, no para el capital". Las organizaciones campesinas almacenan las papas durante meses a gran altura antes de sacarlas al mercado a precios justos para hacer frente a la especulación.
El auge del agronegocio en Venezuela ha sido bastante visible, e incluso ha sido exhibido en las transmisiones del gobierno. Hay grandes extensiones de tierra que cultivan sobre todo dos productos: maíz y soja. Pero esta práctica tiene otra faceta a tener en cuenta: el uso de semillas modificadas genéticamente.
"Campesinxs han denunciado la presencia de semillas transgénicas en diferentes partes del país. Esto viola la Ley de Semillas de 2015", dijo Esquisa Omaña a Tatuy Tv. Ella es miembro de la campaña "Venezuela Libre de Transgénicos".
La organización no ha tenido acceso a las supuestas semillas, pero ha pedido a la Comisión Nacional de Semillas de Venezuela (Conasem) que investigue las denuncias. Sin embargo, según Omaña, actualmente "no hay capacidad ni interés" por parte de las instituciones para abordar la situación.
La activista, que también es investigadora del centro CiECS de Córdoba (Argentina), señaló que una práctica común consiste en traer maíz etiquetado para el consumo que luego es reenvasado y sembrado. Mientras que el uso de semillas modificadas genéticamente es ilegal, la importación de alimentos modificados genéticamente no lo es.
"El tema de la soberanía alimentaria es clave, pero incluso más allá de eso las consecuencias de los transgénicos están bien establecidas", afirmó Omaña. "Las semillas vienen con un paquete tecnológico, con productos químicos como el glifosato que contaminan el aire y los suelos. Este es el modelo mortal del agronegocio", concluyó, refiriéndose a estudios que muestran cómo las sustancias tóxicas terminan en los tejidos blandos.
La campaña "Venezuela libre de transgénicos" ha defendido que es prioritaria una legislación sobre envases que alerte a lxs consumidorxs de la presencia de transgénicos. En Europa y otros países se han promulgado leyes similares.
Al mismo tiempo, Omaña planteó la importancia de "trabajar sobre la conciencia pública" para generar hábitos de consumo más saludables. Al orientarse más hacia las legumbres (por ejemplo, frijoles), los tubérculos (por ejemplo, batata) y las musáceas (por ejemplo, plátanos) que no están asociados con la agroindustria, la gente será a su vez menos vulnerable a sus intereses.
La crisis y el bloqueo estadounidense han tenido consecuencias devastadoras para el pueblo venezolano, desde el deterioro de las condiciones de vida hasta la migración masiva.
En un contexto en el que las sanciones se mantienen firmes y hay signos positivos de recuperación económica, es evidente también que se está produciendo un proceso de reconfiguración que cede protagonismo al sector privado y a las corporaciones multinacionales.
En lo que se refiere a la producción de alimentos, los agronegocios se han convertido en los principales actores, mientras el gobierno pide abiertamente la inversión extranjera en el sector y ofrece todas las ventajas posibles. Es una visión "pragmática" que impone la lógica capitalista, o permite que ésta se imponga.
Del otro lado están las familias campesinas, algunas organizadas y otras no, que enfrentan crecientes dificultades para seguir produciendo. La falta de apoyo estatal se ve agravada por las prácticas cartelizadas de las corporaciones y la penetración de los transgénicos. Las amenazas a la seguridad y soberanía alimentaria de Venezuela no dejan de crecer.
Pero al mismo tiempo, los movimientos campesinos han demostrado una y otra vez que están dispuestos a luchar y combatir, ya sea para acelerar cambios radicales o para resistir los ataques contra los logros de la Revolución Bolivariana.
Notas
