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Boletín de la IP | N.º 13 | Elecciones en peligro en Ecuador

Mientras lxs ecuatorianxs se dirigen a las urnas, la misión de observación electoral de la Internacional Progresista en el país llama a la comunidad internacional a permanecer vigilante ante las amenazas al proceso democrático.
En el Boletín número 13 de la Internacional Progresista de 2025, te traemos noticias de las elecciones presidenciales de Ecuador, donde el proceso democrático se ve amenazado por irregularidades institucionales, persecución política y preocupantes patrones de violaciones constitucionales. Si deseas recibir nuestro Boletín en tu bandeja de entrada, puedes suscribirte utilizando el formulario que se encuentra al final de esta página.

El domingo el pueblo ecuatoriano acudió a las urnas para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. La Internacional Progresista se encontraba sobre el terreno para observar las elecciones por invitación de la Comisión Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, ya que el proceso democrático se veía amenazado por irregularidades institucionales, persecución política y preocupantes patrones de violaciones constitucionales.

La misión de observación hizo sonar la alarma y llamó a la comunidad internacional a permanecer vigilante ante varios acontecimientos preocupantes desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales el mes pasado:

Cambios inconstitucionales en las reglas electorales

En un fallo sin precedentes y controvertido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha prohibido todos los teléfonos móviles en los centros de votación. Esta prohibición, implementada a pesar de que el Código Electoral de Ecuador prohíbe cambios en las reglas dentro del año anterior a las elecciones, conlleva sanciones que van desde los 9870 hasta los 32.900 dólares.

Dadas sus vagas directrices de aplicación, muchxs temen ahora que lxs soldadxs enviadxs a los centros de votación para hacer cumplir un proceso seguro y pacífico puedan ser utilizadxs para confiscar los dispositivos móviles de lxs votantes u obstruir la verificación democrática de los totales de votos, que normalmente se lleva a cabo fotografiando los recuentos de votos de los recintos.

Por lo tanto, esta prohibición no solo genera una incertidumbre extrema, dada su grave desviación de la experiencia de las elecciones recientes y sus duras sanciones, sino que también amenaza con comprometer la transparencia de los procesos de verificación llevados a cabo por lxs observadorxs de los partidos y lxs trabajadorxs electorales, que son fundamentales para la confianza de lxs votantes en el proceso electoral.

Para complicar aún más el acceso de lxs votantes, el CNE anunció la reubicación de diez mesas electorales en seis provincias apenas cinco días antes de las elecciones, una decisión que afectaba a numerosos votantes y creaba incertidumbre logística que puede reducir la participación en los distritos afectados.

Persecución de opositorxs

Ha surgido un patrón de procedimientos legales selectivos contra figuras del Movimiento Revolución Ciudadana. Las investigaciones penales contra Andrés Arauz, excandidato presidencial y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, y Virgilio Hernández, miembro del Parlamento Andino, han avanzado con una rapidez inusual a pesar de la falta de pruebas sustantivas. Estos casos, iniciados a raíz de denuncias de miembros del partido gobernante, Acción Nacional Democrática, suscitan preocupación por la politización de las instituciones judiciales.

La candidata presidencial Luisa González se enfrentó a acusaciones de violencia política de género que los tribunales desestimaron por falta de pruebas. Y en la última semana de la campaña, la Fiscalía General presentó cargos por tráfico de combustible y solicitó la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador.

En las elecciones presidenciales de 2023, la culpa del impactante asesinato del candidato Fernando Villavicencio se situó directamente en los pies de la Revolución Ciudadana. Casi 18 meses después, el 8 de abril de 2025, Verónica Sarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, emitió un comunicado en el que revelaba que la Fiscalía General, en coordinación con Daniel Noboa, la había presionado para que acusara públicamente al partido RC del asesinato de su marido. Implicar al RC en el asesinato de Villavicencio, según informaron Drop Site News y The Intercept Brasil, contribuyó de forma significativa a configurar una narrativa pública a favor de Noboa en las elecciones presidenciales de 2023.

Interferencia extranjera

La Internacional Progresista observa con preocupación el reciente anuncio del presidente Noboa sobre la colaboración con Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater, para apoyar operaciones de seguridad. La organización de Prince tiene un historial documentado de operaciones controvertidas en zonas de conflicto.

Prince ya ha participado en actividades de seguridad en Ecuador, incluida la "Operación Apolo 13" en Guayaquil el 5 de abril, que dio lugar a numerosas detenciones donde la mayoría de las personas fueron posteriormente puestas en libertad sin cargos. Tras esta operación, Prince hizo declaraciones públicas criticando a la candidata presidencial Luisa González, planteando dudas sobre la participación extranjera en la política electoral nacional.

La presencia de contratistas privados de seguridad extranjeros en las proximidades de los procesos electorales plantea preocupaciones legítimas en relación con la soberanía y la percepción de influencia externa en los procedimientos democráticos de Ecuador.

Uso indebido de cargos públicos

El presidente Noboa se ha negado descaradamente a seguir los protocolos de sucesión constitucional durante su campaña. En lugar de transferir el poder a la vicepresidenta Verónica Abad como exige la Constitución, Noboa delegó la autoridad a la funcionaria no electa Cynthia Gellibert Mora, una acción que el tribunal supremo de Ecuador declaró explícitamente inconstitucional. La vicepresidenta Abad fue sancionada por el Tribunal Electoral, que la despojó de sus derechos políticos sin motivos legales suficientes.

Recientemente, los informes del periodista Andrés Durán y de la revista colombiana Raya documentaron cómo un contratista contratado por Noboa Trading, una empresa exportadora de bananas propiedad de la familia Noboa, fue detenido tres veces (en 2020, 2022 y 2024) en relación con envíos de cocaína supuestamente encontrados en exportaciones de bananas, pero evitó repetidamente ser procesado. La publicación brasileña Agência Pública informó el 1 de abril que el presidente Noboa, de hecho, es propietario de la empresa a través de Lanfranco Holdings, una entidad con sede en Panamá, lo que constituye una posible violación de la ley ecuatoriana que prohíbe a los funcionarios públicos poseer activos en paraísos fiscales.

La naturaleza coordinada de estas acciones, que abarcan los ámbitos judicial, constitucional, electoral y de asignación de recursos, sugiere una estrategia deliberada para influir en los resultados electorales mediante la manipulación institucional.

Llamamos a la comunidad internacional —observadorxs electorales, organizaciones de derechos humanos, misiones diplomáticas e instituciones democráticas— a supervisar el proceso electoral de Ecuador con mayor escrutinio. Debe defenderse el derecho fundamental de la ciudadanía ecuatoriana a determinar su futuro político a través de procesos libres, justos y transparentes.

Los ojos del mundo democrático están puestos en Ecuador este domingo. Lo que está en juego no es solo un resultado electoral, sino la resiliencia de la propia democracia constitucional en Ecuador, América Latina y el mundo.

Lo último del Movimiento

No a la IA para el genocidio

El 27 de marzo, Google anunció una nueva asociación de IA con el mayor fabricante de armas del mundo, Lockheed Martin. La semana siguiente, The Intercept reveló un nuevo contrato entre Google Cloud y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) para "actualizar el llamado muro virtual".

Esta semana, Google anunció una nueva asociación con los Emiratos Árabes Unidos, mientras que su gobierno respalda el genocidio en curso en Sudán.

En respuesta, trabajadorxs de Google que participan en la campaña No Tech for Apartheid están demandando que Google renuncie a estos contratos, así como al contrato existente del Proyecto Nimbus de 1200 millones de dólares con el ejército israelí.

Puedes apoyar su llamado aquí.

Libertad para Mahrang Baloch y lxs dirigentes del BYC

El Estado pakistaní ha lanzado una intensa ofensiva contra el Comité Baloch Yakjehti (BYC), un movimiento popular de masas que incluye a un número significativo de mujeres, que se resiste a las desapariciones forzadas a gran escala, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura bajo custodia, los asesinatos y abandonos, y las operaciones militares de las fuerzas de seguridad pakistaníes contra el pueblo baloch.

Al momento de escribir este texto, casi todos lxs dirigentes de BYC están detenidxs en instalaciones de máxima seguridad o en lugares no revelados, o se han escondido. Un gran número de miembros de BYC también han desaparecido. Esta represión marca una escalada en los esfuerzos del estado para silenciar las voces que demandan justicia y responsabilidad.

Las fuerzas progresistas de Pakistán han llamado a la liberación inmediata de dirigentes y miembros de BYC, entre ellxs el Dr. Mahrang Baloch, Sibghatullah Shahjee, Bebarg Zehri, Beebow y cientos de personas más que se encuentran tras las rejas.

Comienzan las reparaciones inversas

El gobierno de Zimbabue ha comenzado a pagar reparaciones inversas a lxs colonxs blancxs, quienes cultivaron tierras robadas al campesinado indígena bajo el dominio colonial británico.

Los pagos se presentan como "compensación" por la redistribución de tierras tras la independencia de Zimbabue. Pero los movimientos populares de Zimbabue se niegan a soportar la carga del colonizador. Puedes obtener más información sobre la campaña y mostrar tu apoyo aquí.

Maersk transporta componentes del F35 desde los Estados Unidos a Israel

Una nueva investigación del Movimiento de Juventud Palestina, miembro de la IP, publicada por Declassified UK, revela que los portacontenedores de Maersk siguen transportando componentes del F-35 desde los Estados Unidos a Israel, alimentando el genocidio en Gaza. Puedes leer el informe exclusivo aquí.

Lxs dirigentes de Pudemo son liberadxs tras su arresto

Tres dirigentes de la liga juvenil de Pudemo —Mthobisi Ntjangase, Tanele y Zanedi Tfwala— han sido puestxs en libertad tras ser detenidxs por las fuerzas del rey Mswati III.

Mswati ha prohibido los partidos políticos en Esuatini, ya que el monarca absoluto restringe la expresión democrática y la libertad.

Arte de la Semana

Mil años de historia no lineal (2019) se realiza combinando hilos extraídos de tejidos de los últimos milenios, cuyos orígenes provienen de diferentes siglos y lugares del mundo.

Oscar Santillán (1980, Ecuador) es un artista visual, cibernético y escritor que vive entre los Países Bajos y Ecuador. Su práctica surge de la noción de ''Antimundo'', que entiende como ''una forma de identificar y generar realidades que no encajan en el mundo''. Para ello, ha recurrido a formas de producción de conocimiento e imaginarios ignorados por el pensamiento occidental dominante, como la cibernética, la ciencia ficción, las cosmologías andina y amazónica, una historia de la ciencia más inclusiva y la inteligencia vegetal.

Available in
EnglishSpanishPortuguese (Brazil)German
Translator
Maria Inés Cuervo
Date
12.04.2025
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