La iniciativa surge en medio de crecientes indicios de graves violaciones del derecho internacional humanitario como el desplazamiento forzoso de comunidades kurdas, la destrucción de lugares del patrimonio cultural y lo que la ONU ha calificado de interrupciones "críticas" de infraestructuras civiles esenciales. Especialmente preocupante es el ataque repetido a la estación de agua de Alouk, que ha dejado a más de un millón de personas sin acceso confiable a agua limpia, una acción que, según los organizadores, constituye una violación de la Resolución 64/292 de la ONU, que establece el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
El tribunal examinará varias acusaciones graves, como el uso de armas prohibidas contra objetivos civiles, la destrucción sistemática de lugares religiosos yazidíes y casos de asesinato político selectivo, como el de Hevrin Khalaf, secretario general del Partido Siria Futura. Estas acciones se evaluarán teniendo en cuenta los marcos jurídicos internacionales, incluidos los Convenios de Ginebra y el derecho humanitario consuetudinario, a pesar de que ni Turquía ni Siria son partes en el Estatuto de Roma.
El proceso cuenta con el apoyo de una amplia coalición que incluye a la Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria (DAANES por sus siglas en inglés), el Congreso Nacional del Kurdistán (KNK por sus siglas en inglés) y múltiples organizaciones de vigilancia de los derechos humanos que operan en las regiones afectadas. La iniciativa representa un intento significativo por documentar las presuntas violaciones a través de marcos jurídicos formales, incluso en ausencia de la jurisdicción tradicional de los tribunales internacionales.
Aunque los Tribunales Populares carecen de poder formal para hacer cumplir la ley, históricamente han servido como vehículos importantes para documentar violaciones de derechos humanos y crear conciencia internacional. Tribunales anteriores han examinado casos que van desde la guerra de Vietnam hasta delitos ambientales, aportando a menudo una valiosa documentación para futuros esfuerzos de rendición de cuentas.
El tribunal se reunirá los días 5 y 6 de febrero de 2025, un momento crucial para que la sociedad civil internacional examine la crisis actual en el norte de Siria. Los interesados en apoyar o participar en el proceso pueden ponerse en contacto con los organizadores en [email protected].
