La visión del NOEI que propusieron los países no alineados en los 70 se fundamentaba en la idea de un orden justo y democrático; que superara las lógicas de dominación que los mantenían en la subordinación y el subdesarrollo. Aquello no solo era una demanda de justicia y equidad, igualdad soberana y cooperación entre Estados; también era un cuestionamiento del reparto de poder económico global; de quién hacía las normas y dirigía las instituciones económicas. Esa hoja de ruta sigue hoy más vigente que nunca, en un momento de reordenamiento mundial y transición hacia un nuevo orden. Hoy el neoliberalismo y su modelo de producción y globalización, tras las sucesivas crisis desde 2008, se muestran agotados. Pero la disputa por la respuesta a esas crisis y por el modelo que seguirá abre también una oportunidad para construir una alternativa y refundar el OEI.

Cualquier avance progresista, en cualquier lugar del mundo, ha de ir acompañado de una propuesta de cambio de este insostenible modelo económico y productivo. La crisis climática global abre nuevos escenarios de disputa, que nos emplazan no solo acelerar la descarbonificación de nuestras economías —y hacerlo de manera socialmente justa—, sino también a implementar políticas globales que cuestionen los intereses que sostienen el actual modelo de desarrollo y recuperen la soberanía de los pueblos sobre nuestros recursos. Un Pacto Verde Mundial deberá ser también social para evitar que haya grandes perdedores de la transformación ecológica.

Por otro lado, la provisión de bienes públicos globales sufre hoy los estragos de la rivalidad geopolítica, de una nueva confrontación por los recursos naturales, y del debilitamiento de la gobernanza global y la cooperación internacional. Ello impacta de lleno en las posibilidades de desarrollo y de reducción de la pobreza y la desigualdad entre países. Por ello, debemos apostar por políticas monetarias y fiscales que redistribuyan los recursos entre los pueblos y naciones del mundo —la quita de deuda y la reformulación del FMI son hoy tareas ineludibles—. Igualmente, la concentración de la riqueza en manos de unas pocas empresas hace que acaparen ya tanto poder que en algunos países amenazan las democracias y en otros expulsan a millones de personas de cualquier vida digna, por lo que urge establecer normas vinculantes para las grandes empresas y los grandes capitales y emprender una lucha decidida contra los paraísos fiscales. Es hora de crear una autoridad fiscal internacional, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, en la que se encuentren representados todos los países en igualdad de condiciones y que tenga como mandato luchar contra la elusión fiscal, la competición fiscal entre países o los paraísos fiscales y obligar a las multinacionales a pagar sus impuestos allí donde generan sus beneficios.

La digitalización es también un camino ineludible en el que nos enfrentamos a un desmedido poder empresarial, con empresas con un potencial económico equivalente al PIB de varios países, y cuya acción sobrepasa la potestad incluso de los Estados. Por tanto, también necesitamos articular respuestas globales que permitan limitar el poder de estas empresas y controlar el uso que hacen de los datos, evitando su monetización y fiscalizando su uso por una agencia independiente e internacional. Una medida efectiva sería que los Estados invirtieran recursos en dotar sus instituciones de software público, desarrollado por el Estado y que no necesite de soporte de las Big Tech.

El impulso de la economía de cuidados será otro vector del nuevo orden, con movimientos feministas en todo el mundo poniendo encima de la mesa la necesidad de redistribuir la riqueza, el bienestar y el trabajo reproductivo y de cuidados. Frente a las crisis, es necesario el refuerzo de los sistemas públicos, pero también el desarrollo de políticas globales infraestructuras sociales ligadas a garantizar un verdadero sistema de cuidados. Las políticas de empleo y protección de los derechos laborales serán también centrales en un contexto de recesión, crisis y pérdida de empleos hoy amenazados por el uso ejercido sobre los cambios tecnológicos.

La volatilidad del sistema internacional y la magnitud de los riesgos que enfrentamos reclaman nuevos marcos reguladores y sistemas de protección frente a las crisis. En el plano económico, la labor de las fuerzas y gobiernos progresistas y populares del mundo es la de trabajar, en común y desde abajo, para edificar una gobernanza económica global realmente democrática, orientada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, al desarrollo sostenible y a la justicia social, económica y ambiental. La de impulsar políticas que pongan la vida de las personas en el centro, y no el beneficio de unos pocos o de un puñado de grandes empresas. Así como caminar de la mano de los movimientos feministas, ecologistas, sindicalistas y a las personas defensoras de derechos humanos que hoy ponen el cuerpo para avanzar hacia ese horizonte.